La GFDL como licencia para documentos en España

A raiz de la publicación del libro "Guía de Buenas Prácticas para la licitación de Desarrollos Libres por parte de las Administraciones Locales" (por cierto un trabajo interesante) ha surgido una cuestión en twitter relacionada con la licencia escogida para este trabajo.

El libro ha sido realizado por ASOLIF, la asociación de empresas de software libre en España, dentro del denominado proyecto ALIAL en colaboración con el CENATIC.

Al interesarme por el libro pude comprobar que el mismo se encuentra licenciado utilizando la licencia GFDL en su versión 1.3 y considero que para el entorno español no es la mejor opción posible, y ahora explico el porqué ya que es evidente que, al menos para mí, 140 caracteres no dan para desarrollar debidamente la cuestión.

La GNU Free Documentation License es la licencia equivalente a la GPL pero para textos, y en un principio pensada para aquellos textos de documentación que acompañan al software.

En particular en este caso se utiliza la licencia en su versión 1.3, que es, en concreto, de noviembre de 2008.

Como ya expliqué en su momento, en mi opinión, el no disponer de una licencia traducida al castellano visada o sellada de alguna manera por la FSF, aun y cuando a esta no se le reconozca carácter oficial, me parece algo negativo pero que no necesariamente invalida el contenido de la licencia o incluso su exigibilidad en determinadas circunstancias.

Pero no es esta cuestión particular la que me ha llamado la atención. Para mi el "error"de elegir esta licencia por parte de una institución española, en un documento destinado a aplicarse en España, y teniendo en cuenta el marco jurídico existente en nuestro país es la falta de mención alguna al derecho de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición interactiva en la licencia. Por lo tanto, y siempre según mi criterio, un tercero que no sea el titular de los derechos no puede coger el texto de un documento así licenciado y ponerlo libremente en internet para su descarga, que es la forma de comunicación pública más habitual para este tipo de textos.

Y digo esto en base al contenido de la licencia y como consecuencia de la reforma del año 2006 de la Ley de Propiedad Intelectual que encajó en la comunicación pública la puesta a disposición en internet de las obras. Antes de la reforma el poner una obra en internet podía interpretarse como un acto de distribución ya que la redacción antes de esa fecha era:

1. Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

Actualmente la redacción es:

1. Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

 Al introducir la necesidad de que la distribución vaya asociada a un soporte tangible hace que poner una obra en internet no se pueda considerar ejercicio del derecho de distribución.

El texto de la licencia, aun en su versión inglesa es muy claro al respecto, incluso desde el preámbulo:

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

En la cláusula novena:

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

Respecto de los derechos concedidos en la licencia claramente se expresa que únicamente podremos copiar y distribuir el Documento, referido este a la obra objeto de la licencia:

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3. You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

Es evidente que en el apartado 2 no se hace referencia nada más que a los derechos de copia (reproducción) y distribución. Ciertamente el apartado 3 contiene una referencia a un acto de comunicación pública, que traduzco de manera literal como la exhibición pública de copias, y que puede servir para amparar que la obra se pueda poner para leer en internet, pero con calzador entraría para la descarga del documento puesto que creo que no puede interpretarse como una exhibición o muestra de la copia.

La licencia está pensada en el entorno de los Estados Unidos y plantea el problema de que allí con "distribute" se entiende incluida la puesta en internet. También comenté este particular en relación a la GPL y como se solventó el problema y los problemas que puede haber al emplear en España la versión 2 de tal licencia.

Para ilustrar la solución adoptada en la GPL v3 cito a continuación la definición de la palabra empleada:

Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

Se aprecia como bajo la formula "propagation" se incluye tanto la distribución como la puesta a disposición del público ("making available to the public") en la línea de nuestro artículo 20 de la LPI:

2. Especialmente, son actos de comunicación pública:
La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.

De esta forma la GPL v3 solventa el problema y se puede usar sin problemas en nuestro ordenamiento jurídico.

Como se ve, el literal es el que es.

Ahora bien, no puedo sino reconocer que existen argumentos a favor de una interpretación contraria, especialmente con base en lo que dice el Código Civil, pero es verdad que esta apelación al mismo no gustará a los defensores de que las licencias no son contratos.

A la hora de interpretar los contratos, el Código Civil establece que se estará al literal si este es claro y no deja lugar a dudas sobre la intención de los contratantes. Y añade:

Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.

En el mismo capítulo del Código Civil dedicado a la interpretación de los contratos podemos encontrar reglas que permitan pensar que se debe aceptar la puesta a disposición en internet, como por ejempo el artículo 1287:

El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en éstos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse.

Es decir prevalece la intención evidente. Pero, y aquí llegamos a la cuestión clave, esto entra en conflicto con el contenido del artículo 43 de la LPI que señala:

1. Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos inter vivos, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.

Para mi es evidente que la modalidad de explotación consistente en la puesta a disposición interactiva no está contemplada en la licencia y en este aspecto las interpretaciones desde la propiedad intelectual son bastante estrictas, en la línea de no admitirse interpretaciones extensivas de los derechos cedidos.

Es por ello que ante este conflicto, pero además ante la existencia de una necesidad interpretativa por parte de tercero que no necesariamente tiene que ser favorable a la inclusión como derecho cedido de la puesta a disposición interactiva, surgen en mi opinión lagunas que resultan en una inseguridad jurídica que desaconsejan el uso de esta licencia en España.

Además, la propia GFDL hace una referencia a una licencia compatible con ella, la Creative Commons Reconociento-Compartir Igual y cuyo contenido es equivalente, pero que presenta la ventaja de que está en castellano (evitamos problemas de traducciones) y además incluye expresamente el derecho de comunicación pública.

Por supuesto que cada uno puede usar la licencia que le de la gana, de eso se trata de tener libertad para optar por aquello que más interese a cada cual, pero no por ello se debe descuidar el rigor jurídico en las elecciones, especialmente habiendo disponibles soluciones que resultan en menos inseguridad jurídica y consiguen los mismos fines.

Puestos a ser rigurosos y puristas, no veo en la guía una relación de autores, cierto es que no es obligatorio, pero como detalle no estaría mal, habida cuenta de que sí aparecen los titulares de los derechos de explotación claramente identificados. "Copyright © 2010 ASOLIF y CENATIC"

El canon ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (y II)

Pues ya tenemos sentencia sobre las cuestiones planteadas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas respecto al canon digital y, la verdad, el Tribunal ha dicho lo que tenía que decir de acuerdo a lo planteado.

Ya analicé en su momento las conclusiones de la abogada general y manifesté lo que podría suceder:

En mi opinión, con la actual LPI ya está claro que sólo se puede cobrar canon de los productos adquiridos por las personas físicas, y no creo que la resolución del TJCE deba suponer una gran modificación de la LPI en el caso de que se estimen las tesis de la abogada general en su integridad.

Y la sentencia es basicamente un refrendo del sistema de compensación por copia privada, en su configuración legal actual, incluso en el aspecto más discutible de quienes son los deudores, concepto esencial de la defensa frente al público de las entidades de gestión:

"Se ajusta a los requisitos del «justo equilibrio» la previsión de que las personas que disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y que, a este título, de derecho o de hecho, ponen esos equipos a disposición de usuarios privados o les prestan un servicio de reproducción sean los deudores de la financiación de la compensación equitativa, en la medida en que dichas personas tienen la posibilidad de repercutir la carga real de tal financiación sobre los usuarios privados."

Pero también reconociendo que esa justificación pública que en ocasiones se hace de que el canon lo pagan las empresas y no los consumidores es absurda, es simplemente que son las vendedoras de tecnología quienes mejor puede repercutir la carga al usuario final y de hecho lo hacen.

Y finalmente la clave del asunto, y la limitación del cobro a quienes unicamente son los titulares de la posibilidad de hacer copias privadas.

"El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que es necesaria una vinculación entre la aplicación del canon destinado a financiar la compensación equitativa en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y el presumible uso de éstos para realizar reproducciones privadas. En consecuencia, la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29."

Es evidente que si una empresa no puede hacer copias privadas no puede pagar para compensar por ese derecho, al menos en la redacción actual. Esto es evidente en la letra de la ley, así que sigo sin entender las razones de las entidades de gestión de ir a un procedimiento por esta razón, se podrían haber evitado poner tan fácil esta campaña, pero en fin.

La LPI ya vincula compensación equitativa con copia privada, así que la redacción de la misma es conforme a derecho comunitario, que es lo que deberá señalar la Audiencia Provincial de Barcelona:

"1. La reproducción realizada exclusivamente para uso privado, mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originará una compensación equitativa y única por cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas, en favor de las personas que se expresan en el párrafo b del apartado 4, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes."

De todas formas o olvidemos que lo que se enjuicia es de un momento anterior a la reforma del año 2006, por lo que no estamos hablando de la actual LPI exactamente, sino de como debe interpretarse el derecho comunitario que se va a tener que aplicar al caso concreto al no haber trasposición y como digo esto no tiene que ver con la ley actual, si bien teniendo en cuenta el resultado afectaría a como debe interpretarse el texto legal, pero vista la respuesta y el contenido creo que no hay nada que modificar, excepto el comportamiento de quienes recaudan el canon y de quienes los reciben...

Visto el revuelo y la mala información que circula debería quedar muy claro que:

1. El asunto trata de como se debe interpretar una norma comunitaria no traspuesta a un caso concreto y para ese caso. Algo que debe resolver la Audiencia Provincial de Barcelona.
2. La sentencia no declara ilegal el canon. Al contrario, da un criterio para interpretarlo y en mi opinión lo confirma en su redacción actual.
3. Como me he cansado de decir, sólo tienen que pagar quienes tienen el derecho a hacer copias privadas. Si una persona jurídica no tiene ese derecho no tiene nada que compensar. Por supuesto que las adminsitraciones públicas tampoco. Si una administración pública paga un euro de canon esta entregando dinero público de manera injusta e injustificable.
4. Si las empresas distribuidoras de los productos gravados son los deudores y a partir de ahora solicitan lo cobrado indebidamente por las entidades de gestión, ¿lo reintegrarán a las personas jurídicas o administraciones que lo pagaron?

Ahora sólo falta ver como lo resuelve la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso concreto, pero esta sentencia, a mi juicio, no altera sustancialmente el marco de la copia privada y el canon, más allá de prácticas determinadas.

VEGAP introduce a Creative Commons en sus contratos de adhesión

Se ha conocido a través de la lista de Creative Commons España, y luego en Barrapunto, la inclusión de una cláusula específica, y que podríamos denominar "cláusula Creative Commons", en los contratos de adhesión de la entidad (pdf en catalán) de gestión VEGAP.

VEGAP es la principal entidad de gestión de los derechos de los artistas plásticos y la inclusión de esta cláusula supone un importante hito, en mi opinión, habida cuenta de la consideración previa que se tenía de las licencias.

"El análisis de las nuevas formas de contratación aparecidas en el mercado fue realizado por Javier Gutiérrez Vicén fundamentando las razones jurídicas que explican por qué las licencias creative commons no son licencias en sentido estricto al no tener en cuenta la regulación en materia de contratación, ni la Ley de Propiedad Intelectual, ni el Código Civil, por lo que no son útiles ni a los artistas, ni a quiénes les contratan. El problema, apuntó, es que estos contratos de adhesión generan una gran inseguridad jurídica a todas las partes contratantes."

Como se ve estamos ante un importante cambio, y más si tenemos en cuenta que esa opinión expresada en seminario organizado por la entidad en diciembre de 2008 ya debería considerar las versiones 3.0 que fueron lanzadas en noviembre de ese mismo año. Así que el incluir a Creative Commons dentro de sus contratos de adhesión supone un giro total sobre su consideración de las licencias.

El contrato que se ha conocido está en catalán, puesto que es la propuesta para una asociación de Cataluña, aunque supongo que habrá una versión en castellano, y aunque no lo practico trataré de explicar su contenido.

La modificación más importante, contenida en la cláusula  primera, es que VEGAP sólo va a gestionar las obras que el autor le notifique que son suyas, nada de todas las obras del autor presentes y futuras, etc., sólo aquellas que expresamente se le indique a la entidad, por lo que el autor podrá decidir qué hacer en cada caso.

Únicamente se gestionarán los derechos del artículo 90.2 y 90.3, de gestión colectiva obligatoria, sobre todas las obras mientras esté vigente el contrato.

La cláusula Creative Commons dice así, en mi "traducción":

"Segunda: Creative Commons y otras formas de cesión de derechos de sobre las obras.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes convienen que, en todo caso, el titular podrá excluir de la gestión de la entidad aquellas obras que designe, sobre las cuales previamente no haya conferido a favor de la entidad mandato o cesión de conformidad con lo dispuesto en la cláusula anterior, y esto con la finalidad de otorgar licencias especiales sobre las mismas, tales como las denominadas Creative Commons, o de permitir el uso de las indicadas obras sin someterlas a ninguna otra condición."

Pero si el contrato ya reconocía que las obras no notificadas por el autor no eran gestionadas por la entidad, ¿acaso no es evidente que el autor podrá hacer lo que quiera con sus obras?

En ese sentido la cláusula parece redundante, y la única explicación o utilidad de la misma sería que para las obras así licenciadas, a diferencia de las no licenciadas y no notificadas, no se gestionarían los derechos del artículo 90 de la LPI (derechos sobre audiovisuales), pero esto es complicado ya que, por ejemplo el 90.3 que es uno de los gestionados según el contrato es irrenunciable (artículo 90.6 LPI)

En cualquier caso es un acercamiento interesante que las entidades de gestión, en este caso VEGAP, comiencen a reconocer las licencias, y sobre todo la libertad de los autores para hacer lo que quieran con sus obrasy en la línea de normalizar la visión de estos instrumentos en el panorama jurídico de los rsponsables de las entidades de gestión.

Supongo que es un primer paso para en un futuro admitir la gestión de los usos comerciales de las obras con licencias Cerative Commons no comerciales.

Una opinión interesante sobre esta cuestión del nuevo contrato de adhesión en la web de Aitor Méndez, artista que en su momento se dió de baja de VEGAP por querer usar licencias Creative Commons

La verdadera razón (juridica) del paso de los toros a Cultura

La noticia del traspaso de los toros del Ministerio del Interior al Ministerio de Cultura puede parecer irrelevante a efectos prácticos, parecerá que es lo mismo que se encargue un Ministerio u otro, pero lo cierto es que las consecuencias jurídicas del cambio son destacables y muy relevantes habida cuenta del debate que existe en ciertos ámbitos de la sociedad española.

Es cierto que puede haber connotaciones fiscales, entre otras, como se señala en este artículo, y que puede tener sentido que una cuestión que poco tiene que ver con las labores que habitualmente desarrolla el Ministerio del Interior la lleve otro Ministerio.

No entro sobre las consideraciones sobre la tauromaquia como espectáculo, como hecho cultural o por su valor artístico, pero sí es necesario explicar que este cambio no obedece exactamente a las razones expuestas por los toreros reunidos en el Ministerio:

"Creemos que se va a apoyar más el mundo del toro y vamos a ganar en difusión. Cultura es el lugar que nos pertenece"

Toda la cuestión se reduce a un problema de atribución de competencias y por lo tanto de quién es la capacidad para regular el hecho concreto.

Es cierto que las competencias en materia de cultura, por la propia naturaleza de la cuestión, son difusas y no están tan claramente establecidas como otras, además existen manifestaciones culturales propias de cada territorio, pero en definitiva es un campo en el que todavía se presentan importantes competencias por parte del Estado para aquellas manifestaciones culturales que son comunes a todos los territorios.

Por lo tanto el interés del sector taurino, defendido principalmente por los toreros, es dar los pasos para considerar a los toros como bien cultural y encuadrarlo en el ámbito del artículo 149 de la Constitución, que señala cuales serán las competencias exclusivas del Estado, y en concreto el apartado segundo del citado precepto:

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

De esta forma se trataría de preservar las regulaciones sobre espectáculos taurinos de la actuación de las Comunidades Autónomas y sus respectivos parlamentos, sometiendo la cuestión a debates en el Parlamento de la Nación o a la actividad de desarrollo del gobierno central.

Esa es la razón jurídica para que los toros dependan de cultura y ese debe ser el debate.

Por supuesto que, como se ha dicho, este intento puede ser cuestionado en base a la naturaleza "especial" de la cultura como cuestión sometida a un reparto competencial que se define como concurrente (se dan manifestaciones del poder autonómico y estatal sobre el mismo objeto de regulación), pero sin duda es la vía con más posibilidades para que el Estado pueda tener cierta capacidad de decisión en la materia.

[Sobre las competencias en materia de cultura recomiendo la lectura de este artículo (pdf)]

Hay un detalle que me parece muy curioso en este debate y es que los que dan la cara por el cambio son los toreros, no los empresarios y ganaderos al igual que sucede en las reivindicaciones en materia de propiedad intelectual cuando son los artistas los que dan la cara por los productores y otros interesados.

Conclusiones del acuerdo piloto Buma-Stemra Creative Commons

Me entero por el twitter de Claudio Ruiz, responsable de la ONG Derechos Digitales de la publicación del documento de conclusiones acerca de los dos años del acuerdo entre la entidad de gestión de derechos Bum-Stemra y Creative Commons para explorar la posibilidad de gestionar por parte de la primera a autores que licencian sus trabajos como Creative Commons. Sobre este asunto ya informé en su momento.

El texto del documento se puede leer aquí (pdf) y tiene fecha de 27 de agosto.

El documento expone las razones que motivaron el desarrollo del proyecto piloto y los problemas a los que se enfrentaba en un principio.

Buma-Stemra sólo accedía a gestionar las obras de los autores si estos cedían todos los derechos sobre todas las obras que creaban, al igual que sucede en la mayoría de países de Europa, y como sucede con la entidad de gestión más conocida en España, SGAE. Cuando uno se asocia a una de estas entidades, en principio no puede conceder licencias a terceros al margen de la entidad.

Evidentemente ello impide que el autor pueda utilizar una licencia Creative Commons y seguir estando asociado y representado por la entidad. Algunos autores que o bien pertenecían a la entidad o bien querían pertenecer a la misma y ser representados por ella, al mismo tiempo querían utilizar las licencias Creative Commons como una forma de promocionar su música en internet, por lo que se celebraron varios encuentros para analizar el problema entre Creative Commons Holanda y Buma-Stemra.

Se llegó a la conclusión de permitir que los autores asociados eligiesen entre tres tipos de licencias que no permitían hacer un uso comercial de las obras, por evidentes razones operativas. Si el autor permite un uso comercial poco hay que recaudar por parte de la entidad de gestión. Así Buma-Stemra recaudaría por los usos comerciales de las obras.

Pero se detectaron algunos problemas en la definición del proyecto piloto.

1. En primer lugar, y como uno de los aspecto más importantes a día de hoy con las licencias Creative Commons, el tema de qué significa "no comercial".
2. Cambiar las licencias holandesas para resaltar los derechos concedidos y los mecanismos de gestión colectiva.
3. Los resúmenes de las licencias debían incluir que los derechos adicionales estarían gestionados por Buma-Stemra.
4. La entidad rediseñaría un acuerdo especial para los autores que quisieran participar en el piloto.
5. Y dada la naturaleza experimental del piloto, las cesiones tendrían una duración determinada.

Todos, excepto el primero de ellos, fueron solucionados de manera sencilla introduciendo cambios en las licencias, cambiando los contratos para los participantes en el proyecto, etc.

Con la voluntad de sacar adelante el proyecto piloto se acordó que dentro de los términos del acuerdo se entendería "uso comercial" para las licencias Creative Commons como:

Within the scope of the pilot between Creative Commons Netherlands and Buma/Stemra, ʻcommercial useʼshould be taken to mean the following:
Every use of the Work by for-profit institutions is qualified as ʻcommercial useʼ.
In addition, within the scope of the pilot, distributing or publicly performing or making available online the Work against payment or other financial compensation (including the use of the work in combination with ads, publicity actions or other similar activities intended to generate income for the user or a third party) is qualified as ʻcommercial useʼ.
Within the scope of the pilot, ʻcommercial useʼ also includes the distribution or public performance or having broadcasting organisations make the Work available online, as well as using the Work in hotel and catering establishments, work, sales and retail spaces. This also applies to organisations that use music in or in addition to the performance of their duties, such as, for example, churches, schools (including dancing schools), institutions for welfare work, etc. Separate licenses are available from Buma/Stemra for such kinds of use.

Evidentemente, lo que se gana en definición sobre qué se considera uso comercial se pierde por la parte de tener una licencia más restrictiva que las Creative Commons normales.

La iniciativa lanzada en agosto de 2007 tuvo cierta repercusión y fue seguida con interés tanto por entidades de gestión en otros países como por las organizaciones de Creative Commons en cada país.

El resultado del piloto ha sido ciertamente decepcionante (lo dice el informe y a mi también me lo parece). Sólo 30 autores se habían apuntado al mismo a finales de 2009 para un total de 100 obras licenciadas con Creative Commons.

Las razones para tan baja participación son varias, según el propio informe:

1. Una definición de no comercial demasiado estricta o restrictiva.
2. Los autores que querían participar no tenían claros todos los requisitos o autorizaciones de terceros necesarias, como la de los ejecutantes, etc.
3. Algunos autores que habían pedido un proyecto como este no participaron porque seguían considerando indeseable ser miembros de la entidad de gestión por otras razones. Imagino que algo similar a esto pasaría en España...
4. Algunos autores no encontraban bien la información sobre el mismo, o encontraron complicados los pasos a cumplir para poder sumarse al piloto y tanto Buma-Stemra como Creative Commons no ofrecieron promoción suficiente de la iniciativa.

El acuerdo para seguir gestionando las obras de autores con Creative Commons se ha amplió el pasado 2009 con un compromiso por ambas partes de hacer más accesible la información y promocionar mejor la iniciativa, así como llevar a cabo una encuesta sobre el particular.

Los resultados de esta encuesta se han incorporado al informe ahora presentado.

En la encuesta participaron 524 autores, de los cuales 505 eran miembros de la entidad de gestión.

Del total de encuestados sólo un 3% utilizaba licencias Creative Commons y sólo el 36% habían oído hablar de ellas alguna vez.

Tras 3 años de puesta en marcha del proyecto, como se ve los resultados han sido mucho menores de lo que en principio se podría haber esperado.

Lo positivo de todo ello, en mi opinión, es tener una entidad de gestión con una mentalidad  tan abierta y una disposición al diálogo sobre aquellos temas que preocupan a sus asociados, algo que sin duda se envidia por estos lares...