De ser ciertas las noticias aparecidas sobre las negociaciones entre las empresas proveedoras de servicios de acceso a internet y los responsables de "La Coalición" con el beneplácito del Gobierno de este país, estas empresas estarían decidiendo qué castigo imponer a los ciudadanos por la realización de una conducta que ellos han calificado como ilegal.
No hablo sólo de que la gente se conecte a internet para utilizar una red P2P, al parecer el plan es que los ISP bloqueen el acceso a las páginas que proporcionan enlaces.
"Así, el acuerdo es total para llegar al corte del acceso para las grandes webs que se dedican a concentrar las descargas (menos de un centenar en total, y que concentran la mayoría del tráfico de archivos protegidos por derechos de autor como películas, música y juegos) que residan en España o al bloqueo de su acceso para las extranjeras."
De ser ello así, es decir el bloqueo sin mediar orden judicial o administrativa, nos encaminamos al último paso hacia la destrucción del Estado de Derecho.
¿Porqué es una empresa quien tiene que decirme a mi lo que tengo que hacer y qué legitimidad tiene para impedirme la realización de una conducta?. ¿Porqué es una empresa quien tiene que decirme que páginas puedo visitar y cuales no?.
Yo seré responsable de mis actos, si yo me descargo una canción sin autorización del autor o fuera de alguno de los supuestos permitidos por la ley deberé pagar la sanción oportuna, pero será mi decisión. Las páginas de enlaces aportan eso, enlaces, no realizan ningún acto de reproducción o comunicación pública (los únicos derechos de los autores que podrían verse afectados) al menos derivados de la mera colocación de los enlaces, ¿cual es la razón jurídica para su bloqueo?
La única razón que se me ocurre es el interés concurrente de quienes tienen el control del acceso en ello, pero a esa razón le falta lo jurídico, lo único a lo que los ciudadanos debemos atenernos. El único argumento es que se diga que así se impide que el ciudadano haga algo ilegal. Pues bien, reclamo mi derecho a hacer algo ilegal, a no ser un borrego, a comportarme como me de la gana.
Esto no quiere decir que no asuma las consecuencias, simplemente que quiero hacer lo que me de la gana, antes solían llamarlo libertad y los cristianos "libre albedrío".
Pero es que además, el listado de webs bloqueadas será el que las empresas quieran, sin publicidad ni criterios públicos y legales. ¿Podrá impugnarse el bloqueo?. ¿Que defensa se permitirá (alegaciones, procedimiento reglado, recursos, etc.) frente a una acusación de estar ofreciendo obras protegidas?. ¿Se podrá acudir a la justicia ordinaria? ¿Cuanto tiempo se tardará en devolver la conexión?¿Quién indemnizará a los propietarios de la web en caso de un cierre erróneo?.
Lo lógico es que si los titulares de derechos de una obra que está siendo utilizada ilegalmente saben que esa acción se realiza en una web lo denuncien al juzgado inmediatamente y este ordene lo que en derecho proceda, pero eso de que se acuda a la empresa de telecomunicaciones para que bloquee el contenido equivale a puentear el sistema, a saltarse las reglas que para el resto de los ciudadanos están establecidas.
¿Porqué no quieren ir al juzgado?¿Tienen miedo de perder?
Y eso es intolerable en un Estado de Derecho.
De consentirse, dudo que nunca se apruebe norma alguna regulando esto, estaríamos poniendo en mejor situación a determinados particulares que al propio Estado.
Así por ejemplo, si yo ocupo un inmueble propiedad municipal o estatal, se regula un procedimiento con audiencia al interesado previo a lograr el desalojo, que es la facultad de la recuperación de oficio. Este procedimiento es más rápido que el judicial ordinario para los particulares, pero está sujeto a Leyes y Reglamentos, y su inobservancia conlleva lo que se denomina "vía de hecho" lo que provoca la nulidad de todo lo actuado.
¿Es que los titulares de derechos de propiedad intelectual van a tener un mejor trato que el propio estado?
¿Porqué van a tener privilegios de los que no disfrutamos el resto de ciudadanos?
Quedaría demostrado que basta que confluyan los intereses de dos importantes sectores económicos para que aquello de la Justicia desaparezca.
Lo cierto es que en este país se puede delinquir, otra cosa serán las consecuencias que yo deba asumir por mis actos y el castigo oportuno. Pero ese castigo está fijado por la ley, no por la empresa de turno. Si yo realizo una conducta ilícita contra terceros, lo que tiene que hacerse es poner los medios para que ese tercero sea resarcido y yo, en su caso castigado.
No hablo sólo de que la gente se conecte a internet para utilizar una red P2P, al parecer el plan es que los ISP bloqueen el acceso a las páginas que proporcionan enlaces.
"Así, el acuerdo es total para llegar al corte del acceso para las grandes webs que se dedican a concentrar las descargas (menos de un centenar en total, y que concentran la mayoría del tráfico de archivos protegidos por derechos de autor como películas, música y juegos) que residan en España o al bloqueo de su acceso para las extranjeras."
De ser ello así, es decir el bloqueo sin mediar orden judicial o administrativa, nos encaminamos al último paso hacia la destrucción del Estado de Derecho.
¿Porqué es una empresa quien tiene que decirme a mi lo que tengo que hacer y qué legitimidad tiene para impedirme la realización de una conducta?. ¿Porqué es una empresa quien tiene que decirme que páginas puedo visitar y cuales no?.
Yo seré responsable de mis actos, si yo me descargo una canción sin autorización del autor o fuera de alguno de los supuestos permitidos por la ley deberé pagar la sanción oportuna, pero será mi decisión. Las páginas de enlaces aportan eso, enlaces, no realizan ningún acto de reproducción o comunicación pública (los únicos derechos de los autores que podrían verse afectados) al menos derivados de la mera colocación de los enlaces, ¿cual es la razón jurídica para su bloqueo?
La única razón que se me ocurre es el interés concurrente de quienes tienen el control del acceso en ello, pero a esa razón le falta lo jurídico, lo único a lo que los ciudadanos debemos atenernos. El único argumento es que se diga que así se impide que el ciudadano haga algo ilegal. Pues bien, reclamo mi derecho a hacer algo ilegal, a no ser un borrego, a comportarme como me de la gana.
Esto no quiere decir que no asuma las consecuencias, simplemente que quiero hacer lo que me de la gana, antes solían llamarlo libertad y los cristianos "libre albedrío".
Pero es que además, el listado de webs bloqueadas será el que las empresas quieran, sin publicidad ni criterios públicos y legales. ¿Podrá impugnarse el bloqueo?. ¿Que defensa se permitirá (alegaciones, procedimiento reglado, recursos, etc.) frente a una acusación de estar ofreciendo obras protegidas?. ¿Se podrá acudir a la justicia ordinaria? ¿Cuanto tiempo se tardará en devolver la conexión?¿Quién indemnizará a los propietarios de la web en caso de un cierre erróneo?.
Lo lógico es que si los titulares de derechos de una obra que está siendo utilizada ilegalmente saben que esa acción se realiza en una web lo denuncien al juzgado inmediatamente y este ordene lo que en derecho proceda, pero eso de que se acuda a la empresa de telecomunicaciones para que bloquee el contenido equivale a puentear el sistema, a saltarse las reglas que para el resto de los ciudadanos están establecidas.
¿Porqué no quieren ir al juzgado?¿Tienen miedo de perder?
Y eso es intolerable en un Estado de Derecho.
De consentirse, dudo que nunca se apruebe norma alguna regulando esto, estaríamos poniendo en mejor situación a determinados particulares que al propio Estado.
Así por ejemplo, si yo ocupo un inmueble propiedad municipal o estatal, se regula un procedimiento con audiencia al interesado previo a lograr el desalojo, que es la facultad de la recuperación de oficio. Este procedimiento es más rápido que el judicial ordinario para los particulares, pero está sujeto a Leyes y Reglamentos, y su inobservancia conlleva lo que se denomina "vía de hecho" lo que provoca la nulidad de todo lo actuado.
¿Es que los titulares de derechos de propiedad intelectual van a tener un mejor trato que el propio estado?
¿Porqué van a tener privilegios de los que no disfrutamos el resto de ciudadanos?
Quedaría demostrado que basta que confluyan los intereses de dos importantes sectores económicos para que aquello de la Justicia desaparezca.
Lo cierto es que en este país se puede delinquir, otra cosa serán las consecuencias que yo deba asumir por mis actos y el castigo oportuno. Pero ese castigo está fijado por la ley, no por la empresa de turno. Si yo realizo una conducta ilícita contra terceros, lo que tiene que hacerse es poner los medios para que ese tercero sea resarcido y yo, en su caso castigado.
Qué es esto, la Alemania nazi? La República popular China?
ResponderEliminarY con qué argumentos!
Básicamente nos pondrían en un estado de sitio, un toque de queda informatico, lo que claramente es más que ilegal.
Este tema de los derechos de autor está rayando en la paranoia y me está poniendo enfermo el solo pensar en las consecuencias.
Excelente artículo.
Saludos!
Hombre, es que el libertinaje actual del populacho está llevando a esos extremos, y se están justificando en ello para tomar ese tipo de medidas. Tan mal me parece el cachondeo de la gente que dice que descarga porque "es legal" y "porque quieren defender la música y la libertad a la descarga", en lugar de ser un poco más humildes y honestos y decir "me lo bajo porque me da la gana, porque no quiero gastar dinero y porque me gustan demasiadas cosas". O cualquier otro argumento. Pero de ahí a ir de abanderados de la música y la libertad a la cultura va un trecho largo.
ResponderEliminarY así claro, eso es justo lo que querían oír las discográficas y las telecos. Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Y en medio del fuego cruzado, los necios vs los magnates musicales, ahí estamos los demás. Si quieres ir de legal, te dan el palo, te tienes que comprar dvds con miles de horas de anuncios antipiratería, y si decides que no quieres eso, te meten directamente en el otro saco.
¡¡Coño que bien funciona Google!!
ResponderEliminarEl mensaje actual lo he puesto desde mi cuenta de Subastador Digital, y lo ha publicado como un tal "Maravillado" que no tengo ni idea de quien es.
Ole ole y ole. Y estos señores son los que deciden quien es quien con el Adsense. Que miedo más grande.
(Tsk, ahora que no nos lee nadie, no estoy para nada en contra de lo que dices, pero existe una cosa que se llama "corrector ortográfico". Úsalo, que está muy bien el texto pero sangran los ojos de tanta falta que no veas, y al final el texto pierde su fuerza. Saludos.)
ResponderEliminarComparto tus opiniones. No obstante, yo no me preocuparía en exceso por estas negociaciones que no pueden sustituir a la necesaria iniciativa legislativa, ya que como bien dices, atentarían frontalmente contra el Estado de Derecho.
ResponderEliminarPor el contrario, si me preocupa que tarde o temprano, al igual que está ocurriendo el Francia, el Gobierno empiece a proponer que se legisle en esta materia.
Estimado David: esta medida me recuerda el peligroso precedente de la lista secreta de artículos prohibidos para viajes en avión de la UE. Principios que los defensores de los derechos creíamos ganados para siempre (que las normas deben ser públicas, que el gobierno no es quien para cerrar empresas ni sitios si no hay una sanción previa) resulta que no estaban tan ganadas, no para siempre. Me alegro de que gente como tú siga peleando por nuestros derechos. Enhorabuena. Saludos.
ResponderEliminarmágnifico articulo. Si dejamos que los Estados aprieten el nudo, lo controlaran todo..y la paradoja es que lo haran predicando la libertad. Internet no puede irsele de las manos. Los intereses económicos en juego son inmensos. El futuro parece gris.
ResponderEliminarDesde hace un tiempo tengo cada vez más claro que los derechos de autor se están convirtiendo en un totalitarismo digital. Es sólo una idea que requeriría un desarrollo que aquí ni puedo ni voy a hacer.
ResponderEliminarDejando la idea de antes, hay una cosa que está clara, la regulación actual de los derechos de autor sirve para dos cosas fundamentalmente: ¿proteger a los creadores? Ya nos gustaría. No, es sólo para bloquear nuevos modelos de negocio y nuevos desarrollos tecnológicos.
¿El problema es el «todo gratis»? No creo que eso sea un problema, en el siguiente sentido: la radio y la televisión son fundamentalmente gratuitos.
Si existe precisamente algo así como pago por disfrute, es porque durante mucho tiempo lo transmitido fue gratuito. Y si no funciona bien, es precisamente porque al pago del público se le añade la publicidad.
Excelente reflexión sobre la justicia y el papel del Estado de Derecho. En Aula Penitenciaria, preparamos opositores con temarios actualizados que fomentan el pensamiento crítico necesario para enfrentar desafíos legales contemporáneos.
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