miércoles, 28 de noviembre de 2007

Quién quiere jueces cuando existen empresas, y 2

Ya sé que no tiene nada que ver con el anterior post publicado en este sitio con un título similar, pero...

Según se puede leer en "El País", "Google desvela la identidad de un blogger israelí sin orden judicial."

La noticia es "sensacional" desde el punto de vista de que, segun parece, la empresa accede a la petición de una parte sin mediar orden judicial o procedimiento de esta clase de ningún tipo. Incluso se califica como un movimiento sin precedentes. En ninguna parte del mismo se cita que exista procedimiento judicial alguno.

Y entonces me retrotraería al anterior artículo comentado de este sitio.

Claro que al acudir a la fuente de la noticia y si el inglés no me falla, la noticia "sensacional" de "El País" deja de serlo tanto.

Resulta que alguien con un blog en blogger se dedicó a realizar comentarios en los que se imputaba la comisión de varios delitos a tres miembros de un organo local en Israel que aspiran a ser reelegidos en las elecciones que se celebran hoy. Vamos lo que en España podría ser considerado un delito de calumnias. (art. 205 CP)

Sucede que Google, en un primer momento, se había negado a aportar esos datos ya que en el equilibrio libertad de expresión y el derecho a la reputación de una persona consideró que debía prevalecer la primera según su criterio, a pesar de que, y siempre según la noticia original, la petición de datos fue efectuada por el juzgado.

Pero esa entrega de los datos de la IP no se hace, como parece indicar la noticia del diario español, a los afectados por los comentarios sino al juzgado que está instruyendo la causa.

La novedad del caso es que los afectados llegaron a un acuerdo con Google para que pusieran un mensaje en el blog invitándo al responsable a personarse en una vista previa en el juzgado que llevaba la denuncia, o revelase su identidad, de lo contrario Google revelaría los datos de la IP del blogger. Esto con el fin de evitar acciones legales contra Google por la negativa a colaborar y que su política de privacidad se viese reventada completamente por una resolución judicial firme.

Finalmente y petición del juez mediante, Google entregó los datos pasadas las 72 concedidas al internauta, pues las imputaciones resultaban de apariencia criminal.

Contrariamente a como se "pinta" en El País el caso es tan simple como lo que a cualquiera le puede parecer lógico en España, si alguien comete un delito debe pagar por ello y no permitir que una empresa defina qué es lesivo y qué no para el honor de las personas.

Además de por un mínimo principio de sometimiento a los jueces y tribunales de un país y a la normativa vigente.

Si somos el internauta está "muy bien" pero si somos el ofendido no creo que la cosa sea tan graciosa.

Si alguien, un blogger, imputa la comisión de un delito a un concejal u otra persona no puede ampararse en el "supuesto anonimato" de un apodo y que sea Google quien decida si se identifica a esa persona o no, para eso están los jueces y las leyes, no las empresas.

A no ser que se quiera subvertir el estado de derecho por la "ley del mercado"...

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